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Principios funcionales

Servicios públicos

  • Es esencial la separación de tareas de regulación y de operación y fomento a nivel federal y de gobiernos locales, para lograr pesos y contrapesos eficaces, evitar captura regulatoria, conflictos de interés e ineficiencia.
  • La asunción de funciones reguladoras por parte de la CONAGUA en materia de calidad, precios  y eficiencia en el servicio público de agua, es algo indispensable para el uso sostenible y eficiente de este recurso.
  • Deben establecerse órganos eficaces de representación de intereses de usuarios en cuencas relevantes.
  • Es vital la despolitización y flexibilidad en precios y tarifas.
  • Es preciso que se determinen tarifas o precios nacionales, como referencias para organismos operadores.
  • Deben existir esquemas tarifarios o de precios eficientes y transparentes, que especifiquen el tipo de servicio incluido (abastecimiento primario, potabilización, conducción y distribución, tratamiento).
  • El pago por parte de los usuarios debe incluir  los costos de oportunidad del agua; recuperación de inversiones y de costos operativos en todo el ciclo del servicio público (suministro, alcantarillado y drenaje, y tratamiento).
  • Los subsidios deben ser transparentes, equitativos y focalizados en sectores sociales de alta marginación y bajos ingresos.
  • Es necesaria la concurrencia federal, estatal y municipal en el financiamiento de servicios de agua en poblaciones aisladas rurales y de bajos ingresos.
  • Es preciso que exista flexibilidad y transparencia por parte de los consejos de cuenca en la regulación de los mercados regionales de agua.
  • Los organismos operadores deben contar con consejos de administración  (plurales), incluyendo miembros independientes y funcionar de acuerdo con estándares e indicadores que garanticen la mejor calidad de sus servicios.
  • Debe buscarse la autonomía de los organismos operadores, autosuficiencia financiera, gobierno corporativo transparente, y rendición de cuentas; los organismos operadores han de  constituirse como empresas modernas públicas o privadas.
  • Debe darse un trato como clientes a los consumidores o usuarios, y asegurarse en ese sentido la protección a sus derechos.
  • Pueden funcionar eficientemente soluciones tanto públicas como privadas, siempre y cuando cumplan con principios básicos comunes de regulación, eficiencia, eficacia y efectividad.
  • Es necesario establecer relaciones contractuales entre los gobiernos estatales y/o municipales y los organismos operadores, y entre estos y los usuarios o consumidores.
  • En caso de participación privada son imprescindibles licitaciones transparentes, contratos honestos y flexibles, certidumbre jurídica, y regulación eficiente y estable a largo plazo.
  • Es vital que se establezcan incentivos a la eficiencia física y comercial de organismos operadores,  como variable clave en la determinación de precios.
  • Debe abolirse la  exención al pago del agua a entidades de gobierno.
  • Es preciso un sistema de inducción económica y regulatoria al re-uso del agua residual tratada.
  • En áreas urbanas, debe obligarse a los  usuarios a conectarse a las redes locales de suministro y drenaje, o a contar con saneamiento.
  • Es fundamental que la planeación hídrica se haga con una visión de largo plazo, basándose en sistemas de información, diagnósticos y escenarios confiables, así como en programas, proyectos y acciones basados en objetivos susceptibles de ser evaluados mediante indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto (desempeño).
  • Es fundamental que los gobiernos locales cuenten una visión a largo plazo, y con programas y presupuestos multianuales.
  • Deben promoverse sistemas u organismos operadores de alcance metropolitano.
  • La legislación debe incorporar elementos específicos de regulación  sobre el servicio público de agua.
  • Es inaplazable desarrollar un sistema de información e indicadores públicos de desempeño de los sistemas municipales de agua y saneamiento.
  • La gestión de los sistemas de agua municipales ajena a factores políticos es esencial para lograr eficiencia, servicio de calidad y sustentabilidad.

Uso agrícola

  • Es urgente redimensionar las áreas agrícolas de riego, a partir de los volúmenes de agua que de manera sustentable puedan utilizarse.
  • Implementar una estrategia nacional de divulgación de los costos reales de la captación y extracción, conducción y distribución del agua para riego, es algo vital  para lograr, en un proceso de mediano plazo, la aceptación del pago de, al menos, los costos de operación y mantenimiento de los distritos y unidades de riego.
  • Medir con alta precisión el uso del agua en el sector agrícola es condición ineludible de sustentabilidad
  • Debe eliminarse gradualmente el subsidio a la tarifa 9 de energía eléctrica,
  • Es necesario avanzar en la reconversión de cultivos hacia aquellos con mayor productividad por volumen de agua utilizado.
  • Es preciso ajustar los volúmenes concesionados a usuarios de riego con agua de pozos a la capacidad de recarga del acuífero, estén o no sobreexplotados.
  • Debe darse  prioridad a proyectos de desarrollo ubicados en regiones con adecuada disponibilidad de agua.
  • Es indispensable perfeccionar los modelos de asociación pública-privada,estableciendo esquemas eficientes y transparentes.

Medio ambiente

  • Es fundamental reconocer los ecosistemas acuáticos como usuarios legítimos y fundamentales del agua.
  • Es vital la regulación de aguas residuales dentro de políticas ambientales integradas en cuerpos de agua interiores y zonas costeras.
  • Los usos ambientales deben definirse  a partir de umbrales de sustentabilidad hidrológica con baseen las disponibilidades naturales por cuenca, y la sujeción a este umbral del volumen total concesionado o asignado.
  • Es esencial la vigencia plena del principio “el que contamina paga”.
  • El cumplimiento de la ley y normatividad ambiental es un factor fundamental  de la competitividad en el sector, asi como de las  inversiones en acciones como el tratamiento y el re-uso del agua.
  • La aplicación efectiva de las normas oficiales mexicanas depende de acciones apropiadas de fomento.
  • Deben actualizarse y hacerse más estrictas las normas de descargas de aguas residuales.
  • Es necesario fortalecer las facultades de la PROFEPA y CONAGUA  en materia de vigilancia ambiental en descargas de aguas residuales.
  • La regulación de aspectos ambientales debe estar a  cargo de las autoridades de medio ambiente.
  • CONANP debe representar los intereses de los ecosistemas acuáticos en los Consejos de Cuenca, en lo que respecta a calidad del agua y a disponibilidad ecológica.
  • Las autoridades deben precisar y fortalecer las facultades de vigilancia de descargas de aguas residuales en zonas costeras.
  1. Es preciso definir criterios transparentes de equidad, eficiencia y sustentabilidad ambiental para la asignación y renovación de derechos de propiedad (concesiones, derechos, etc).
  2. Debe garantizarse la transparencia en el otorgamiento de derechos de propiedad, que sean bien definidos y legalmente protegidos a largo plazo (títulos, permisos, concesiones), para evitar las prácticas de acaparamiento y especulación.
  3. Los mecanismos de mercado o  de intercambio económico en materia de derechos y concesiones de agua deben ser eficientes y transparentes, y con bajos costos de transacciónevitando la especulación.

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