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Jueves, 13 Julio 2017 17:25

¿Qué hacer con el agua subterránea?

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En el debate sobre la crisis mundial del agua, en la que la perspectiva de la Conferencia de Dublín de 1992 ha ganado terreno para los sectores que defienden la participación del mercado en la gestión del agua, en contraposición a aquellos que la reclaman como un bien común, impera en ambas posturas la ausencia de políticas concretas para la gestión y protección del agua subterránea.

Es posible que esta situación se deba, entre otras cosas, a dos cuestiones fundamentales: la naturaleza a priori del agua subterránea que le confiere una condición de invisibilidad social y en consecuencia a la falta sistemática de conocimiento de la misma.

El desconocimiento del agua subterránea se revela en los esquemas tradicionales del ciclo del agua, en los que la fase de infiltración parece estática, por ende, el agua subterránea es mal representada. Así, lo único que es evidente de ese proceso son los lugares donde descarga en forma de manantial, ojo de agua o nacimiento. Este cuadro se extiende a la regulación, el ordenamiento y su gestión, pese a que es el principal reservorio mundial de agua dulce físicamente disponible, 30.28% con relación al 0.31% de agua superficial (lagos, lagunas, ríos, arroyos, presas, entre otros)

La UNESCO estima que en la última década se destinó en el mundo un 67% de agua subterránea para la agricultura, 11% para la industria y 22% para el consumo doméstico y los hidrogeólogos calculan que se estaría utilizando entre 0.05% y 0.007% del total de agua subterránea disponible en el planeta, situación que ilustra que la escasez hídrica es fundamentalmente un problema de carácter social y no natural. Se estima que más de 60% de la humanidad (más de cuatro mil 500 millones de personas) se abastece directamente de agua subterránea.

En razón de ello, en 2012 el Banco Mundial y otras instituciones efectuaron un proceso de consulta global para identificar el rol estratégico del agua subterránea e impulsar así la “gobernanza del agua subterránea”.

Las consultas tuvieron por finalidad conocer los principales rasgos que caracterizan su gestión; en el caso latinoamericano el diagnóstico fue desolador: carencia en su conocimiento sistémico, registros poco claros de sus usuarios y aprovechamientos, bajos niveles de inversión para su gestión, falta de personal calificado para evaluarla bajo los más altos estándares científicos y, finalmente, en las legislaciones nacionales es considerada marginalmente o está ausente.

No obstante, el avance de la hidrología moderna revela la existencia de un marco para la evaluación del agua subterránea gracias a los trabajos de J. Tóth (1963), Freeze y Cherry (1979) y Bredehoeft (1982), entre otros y, que con base en evidencia geofísica e hidrológica, comprobaron la conexión y el movimiento lateral hidráulico del agua en el subsuelo en tres dimensiones o flujos: local, intermedio y regional.

El movimiento del agua por las porosidades de las rocas, es decir, los acuíferos (formaciones geológicas con una determinada permeabilidad), es continuo y alcanza decenas hasta varios cientos de kilómetros dependiendo del espesor y geología del acuífero, el cual puede llegar a medir hasta cuatro kilómetros de profundidad.

Este paradigma ha permitido determinar los puntos de recarga (zonas arbóreas, por ejemplo), tránsito y descarga del agua subterránea (manantiales) y es la base de la política hídrica en Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Holanda, Hungría, Japón y Reino Unido.

En esas naciones la gestión incluye el monitoreo permanente de su calidad, cantidad, y la prevención y/o mitigación de las consecuencias negativas de su extracción irracional, tales como el hundimiento de la tierra, la intrusión de agua salina, la contaminación y su rápida disminución en los pozos.

Incluso la UNESCO (2016) señala que en ciudades como Bandung, Bangkok, Ho Chi Minh, Hyderabad y Tokio tienen alta dependencia de agua subterránea, por lo que han sido aprobadas regulaciones específicas para su uso y protección. Destaca también California, que en 2015 aprobó la Ley de Gestión Sustentable del Agua Subterránea para combatir la sequía sostenida que padeció en el último quinquenio.

En México la gestión del agua subterránea es asunto del Ejecutivo según el artículo 27 constitucional y el artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Para su ordenamiento fueron creadas 653 divisiones territoriales administrativas denominadas “acuíferos”, que junto a las 731 cuencas hidrológicas son la base de la política hídrica.

De esos 653 acuíferos, en 1972 se registraron 32 “sobreexplotados”, pero en 2016 esa cifra aumentó a 105 (16%). Estudios recientes señalan que en el periodo 2000-2015 más de 80% de las inversiones extranjeras de la industria automotriz se materializaron sobre acuíferos sobreexplotados, situación que pone en duda la supuesta eficacia en materia de protección ambiental del agua subterránea y de los decretos de disponibilidad y de veda. Quizás lo más preocupante es que de esos acuíferos se extrae 56% del total del agua que se utiliza para los diferentes usos en el país.

Otro error en su gestión se revela en su “sobreconcesionamiento”, lo que a la postre ha generado conflictos y un rápido deterioro en su cantidad y calidad, agravando su severo daño ambiental.

Así, la sobreconcesión obedece a la obsoleta forma de determinar la “disponibilidad” del agua en el acuífero, pues el método para calcularla se basa en estimaciones matemáticas en la ecuación recarga-descarga, marginando la medición de la calidad del agua, el índice de almacenamiento, el movimiento lateral y la determinación del suelo-vegetación que influye en la infiltración y recarga. Además, se desconoce el número de pozos existentes en el país, no existe tampoco una base de datos actualizada que indique quiénes son los concesionarios y asignatarios y quizás lo más preocupante, el volumen concesionado.

Esta situación sin duda garantiza el acceso irrestricto a grandes empresas agrícolas exportadoras, a las industrias automotriz, alimentaria y de bebidas, por mencionar unas cuantas.


De cada 10 demandas en el jurídico de la Conagua siete son relativas al agua subterránea, situación que no es más que el reflejo de su magra regulación, pues la LAN está enfocada al agua superficial (80%), lo que es indudablemente una incongruencia. Encima de todo, hay omisión total en la LAN a un tema de seguridad nacional: la distribución política de los acuíferos transfronterizos, que como portadores de cursos de aguas compartidas requieren, según los instrumentos internacionales vigentes, de esquemas de gestión conjuntos para ejecutar medidas precautorias que eviten la extracción irracional por parte de los Estados-parte del acuífero. Según el International Groundwater Resources Assessment Centre, México posee 18 acuíferos transfronterizos, 11 en la frontera norte y siete en la sur. Recientemente, Estados Unidos terminó de evaluar el agua subterránea que comparte con México en cuatro acuíferos,9 situación que sugiere que esa nación considera estratégicas esas aguas para la consolidación de su seguridad hídrica, en un contexto donde la frontera con México es uno de los espacios geográficos que registra los mayores niveles de integración económica y en donde el agua subterránea tiene un papel preponderante en ese proceso.

En suma, la infravaloración social que goza el agua subterránea es una de las condicionantes primordiales que ha evitado su regulación y ordenamiento efectivo. En México este elemento de la naturaleza se encuentra fuera del núcleo duro de la política hídrica nacional, por lo que una gestión adecuada requiere revertir esa condición y crear un marco regulatorio específico que contenga los principios básicos mencionados con base en metodologías actuales que permitan una gestión integral a partir del rendimiento sostenible y sustentable del agua, el funcionamiento de los sistemas de flujo y su capacidad de respuesta, bajo el amparo de los principios de prevención y precaución ambiental.

En esa tesitura, de forma reciente un grupo interdisciplinario de especialistas del agua subterránea de la Universidad Nacional Autónoma de México formuló una propuesta rigurosa para la gestión del agua subterránea dentro del contexto de lo que plantea el artículo 4 constitucional, que en su artículo tercero transitorio mandata al Congreso de la Unión a expedir en un plazo no mayor a 360 días una Ley General de Aguas, situación que hasta la fecha no ha sido atendida con éxito. El objetivo de la propuesta es la protección, preservación y control de la extracción del agua subterránea, atendiendo el funcionamiento de los sistemas de flujo de las aguas en el subsuelo.10



Gonzalo Hatch Kuri
Geógrafo. Investigador posdoctoral en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte, UNAM. Su línea de investigación principal son las aguas transfronterizas en el contexto actual de la integración económica-política y de la globalización.

José Joel Carrillo Rivera
Hidrogeólogo. Investigador del Instituto de Geografía, UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores II. Su línea de investigación principal es la definición del funcionamiento del agua subterránea bajo la Teoría de los Sistemas de Flujo.

1 En América Latina se estima que 175 millones de personas dependen totalmente del agua subterránea. Además, hay países con dependencia total, como Malta y Arabia Saudita. En otros, la dependencia es mayor a 75% como Túnez, Bélgica, Marruecos y Alemania.

2 Los resultados del proyecto de consultas está disponible en la web en: www.groundwatergovernance.org

3 Su delimitación geográfica no obedece a los criterios geológicos, sus límites como enuncia la Ley, son de carácter convencional. Así, muchos de ellos tienen los mismos límites de los municipios o estados de la República, en contra de lo que sugieren los criterios de la hidrología moderna.

4 El término se emplea para referir que el resultado para calcular la disponibilidad media anual del acuífero o cuenca es negativo, aunque jurídicamente este término no está definido en la LAN ni en las normas correspondientes, lo cual sugiere que se emplea políticamente para decidir hacia dónde fluye el agua.

5 Carrillo, J. et al., “Conflictos por el agua subterránea”, en Geografía de México. Una reflexión espacial contemporánea, tomo 1, Instituto de Geografía, UNAM.

6 Sólo por mencionar algunos casos, Mexicali y su lucha contra la cervecera Constellation Brands, la veda que padecen los campesinos de los valles centrales de Oaxaca o las concesiones a las compañías canadienses que se dedican a la extracción y venta de agua para el fracking en el norte de Coahuila, entre otros.

7 La norma oficial NOM-011-CONAGUA-2015 establece que en la determinación de la disponibilidad media anual no requiere considerar la calidad del agua. Sin embargo, en México del 60% de agua subterránea que se consume de forma directa, ésta contiene altos índices de fluoruro superiores a la normativa, así como cantidades relevantes de arsénico y radón. Este es un problema de salud pública que ha cobrado muchas vidas en Guanajuato y en el norte del país. Esto sugiere que el Estado mexicano no ha tomado en consideración las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual calcula que por cada dólar invertido en infraestructura hídrica se puede ahorrar entre cuatro y 12 dólares en salud.

8 El reciente asesinato en Chihuahua de la periodista Mirsolava Breach sacó el tema, pues el propio gobernador de esa entidad, Javier Corral, mencionó que uno de los posibles motivos que se escondían detrás de esa muerte era el descubrimiento de una red de complicidad entre las autoridades y el crimen organizado para la extracción ilegal de agua destinada a los cultivos de opiáceos.

9 Bolsón del Hueco, bolsón de la Mesilla, acuífero del río San Pedro y del río Santa Cruz.

10 Es posible conocer y descargar la propuesta en el siguiente enlace: http://bit.ly/2s7YLl3


Fuente: http://www.nexos.com.mx
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